Inmigración en Chile, su impacto en el mercado laboral y la deuda legal

No obstante el alza de la inmigración en nuestro país, la Ley de Extranjería vigente (D.L. 1.094, de 1975) inspirada en la protección de la seguridad nacional no contempla los nuevos escenarios de una país con una economía abierta y con flujos de inmigración que nos llevan -a la fecha- al histórico número de más de 415.000 extranjeros avecindados en Chile.

Con una ley que data de los tiempos del gobierno militar, con objetivos de seguridad nacional que hoy ya no están vigentes; con una economía abierta; con una red de tratados internacionales que imponen ciertas obligaciones al Estado chileno respecto de la no discriminación de extranjeros y la protección de sus condiciones de trabajo en el país; con el evidente cambio de las condiciones de valorización del trabajo en el mercado local y la necesidad de incorporar a la fuerza laboral inmigrante a condiciones efectivas y justas, resulta más que nunca evidente la necesidad de dar curso definitivo a una nueva legislación sobre la materia que sea consistente con los compromisos internacionales del país y, al mismo tiempo, permita integrar al mercado laboral a los inmigrantes de manera que su ingreso sea exitoso y resulte en un beneficio social, cultural, económico, laboral cierto y duradero para el país en su conjunto.

Conscientes que los movimientos migratorios son parte de la naturaleza e historia humana, cada día hay más conciencia de la necesidad de regular éstos con claridad, justicia y flexibilidad. Esta es una demanda que está presente en los sectores público y privado que ya absorben un porcentaje significativo del aporte migratorio.

Así las cosas, todos tenemos una tarea pendiente:

  • La administración, dar curso expedito a la nueva legislación de extranjería que se encuentra en compás de espera desde el año 2015, la que contempla la flexibilización del ingreso de extranjeros y su permanencia en Chile, la definición de una catálogo de derechos en materia de salud, educación, trabajo y previsión. Encontrándose bajo cuestionamiento la procedencia de establecer un Registro Nacional de Extranjeros.
  • El sector privado, y en tanto se aprueba, promulga y entra en vigor una nueva normativa sobre la materia, tiene la responsabilidad de aplicar los estándares consagrados en los tratados internacionales suscritos por el país, informarse al respecto y, a la vez que disminuir los riesgos por incumplimientos o transgresiones de derechos fundamentales de los inmigrantes y sus condiciones de instalación en en Chile, hacer su aporte al humanitario y enriquecedor proceso cultural que involucran las migraciones y el constituirnos en país de destino y acogida. Esto supone desarrollar los programas de inclusión que permitan que el proceso sea exitoso y generar al interior de las empresas una cultura de valoración de la diversidad que impida que ocurran hechos como el reciente ataque a un trabajador dominicano de un terminal pesquero por parte de un trabajador chileno. El no generar las condiciones de trabajo que aseguren la prevención de hechos de este tipo conlleva para el empleador responsabilidades y riesgos que, con la prevención adecuada, son completamente evitables.