La Importancia del Proyecto Modificatorio de la Ley General de Bancos

El Proyecto de Ley, que modifica la Ley General de Bancos del 26 de noviembre de 1997 y cuyos últimos cambios sustanciales fueron realizados en 1986, ha sido calificado por las autoridades como la manera en que nuestro país se adapta a los estándares internacionales de Basilea III, modifica el régimen de los gobiernos corporativos y actualiza elementos de resolución bancaria.

La Presidenta de la República Michelle Bachelet firmó el proyecto el 12 de junio del presente año y, junto con el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, enfatizaron la importancia de que el proyecto logre una tramitación expedita, ya que esto permitiría dar una señal internacional de progreso y estabilidad en materia económica y financiera en nuestro país. Es por esto que se acordó con el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tener sesiones semanales para analizar el texto propuesto por el Ejecutivo.

Las autoridades han querido clasificar los cambios que trae este proyecto en 3 grandes grupos, los cuales se detallan a continuación:

a. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL REGULADOR BANCARIO: Esta modificación a su vez se clasifica en dos cambios:

  • Llevar a cabo la segunda etapa del proceso de implementación de un nuevo modelo de supervisión y regulación del mercado financiero, moviéndonos así hacia un regulador que logre una visión general y sistémica sobre este último. Todo esto se lograría con la futura incorporación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a la ya aprobada Comisión para el Mercado financiero (CMF)
  • Para evitar la duplicidad normativa entre la nueva Ley que creó la CMF y la Ley General de Bancos, el nuevo organismo adquiere todas las competencias que la ley vigente le ha atribuido al regulador bancario, con la exclusiva excepción de las facultades que únicamente resultan aplicables a las entidades que actualmente se encuentren bajo su supervisión, en cuyo caso se mantiene el órgano actual.

 

b. ADOPTAR LOS ESTÁNDARES DE BASILEA III: Los cambios que se buscan para lograr este estándar internacional son los siguientes:

  • Se mantiene el nivel mínimo de patrimonio efectivo de los Bancos en un 8% de los activos ponderados por riesgo (APR). Pero el requisito mínimo de capital Tier 1 aumenta de un 4,5% a un 6%.
  • Se agrega una reserva de conservación de un 2,5% de los APR sobre el mínimo establecido, el cual tendrá que estar incorporado por capital básico Se establece una exigencia de capital adicional de carácter contra cíclico. Esta reserva se entenderá fijada por el Banco Central con un una tasa máxima de un 2,5% del APR.
  • Se le atribuye al nuevo organismo CMF la aptitud de establecer exigencias de capital adicionales, las cuales tienen un tope de un 3,5% de los APR y además se le faculta para modificar el concepto de participación significativa
  • La nueva Comisión (CMF) podrá solicitar capital adicional en aquellos casos en que todas las exigencias señaladas con anterioridad no sean suficientes para cubrir los diferentes riesgos específicos que enfrenta una entidad en un tiempo determinado. Pero para esto habrá un plazo pre-establecido de transición para poder implementar estas nuevas solicitudes de capital.
  • Por último se faculta a la CMF para determinar la ponderación del riesgo de los activos, mediante la implementación de metodologías estandarizadas con acuerdo previo del Banco Central.

 

c. DEFINIR NUEVAS HERRAMIENTAS DE REGULARIZACIÓN TEMPRANA: Para estos efectos:

  • Se incorpora un plan de regularización como una eficaz herramienta para normalizar la situación del banco respecto del cual existan indicios de problemas financieros o de administración. Con este plan se busca limitar el riesgo que significa que el banco o institución financiera en dificultades se encuentre inmerso en una situación de insolvencia.
  • La capitalización preventiva pasa a formar parte de este nuevo plan para disminuir riesgos. Además se disminuyen los plazos en que se debe materializar los aumentos de capital.
  • Se establece la designación de un Inspector Delegado y/o administrador provisional el cual busca prevenir problemas que puedan surgir de la inobservancia de la normativa aplicable a instituciones que se encuentran bajo el arbitrio de esta ley.
  • Busca eliminar la figura del Convenio vigente en la ley anterior, ya que lo mismo que se podía regular por este ahora tiene la etapa ejercida dentro del plan de regularización para dichos efectos.

 
Tanto la redacción como el contenido de esta nueva ley ha sido mirada con actitud positiva por la Cámara de Diputados. Esto a partir del escenario económico actual marcado por la baja de nuestro país en la clasificación de riesgo. Para muchos este proyecto muestra internacionalmente la institucionalidad vigente en nuestro país y la disposición a cumplir con estándares internacionales en el ámbito económico.