Negativa del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a aceptar la apostilla como medio de legalización para instrumentos públicos otorgados en el extranjero

El apostillado constituye un gran avance en la agilización de otorgamiento de instrumentos públicos en el extranjero, los cuales facilitan la celebración de contratos entre dos personas, sin la necesidad de un procedimiento tedioso y costoso.

La apostilla, es una certificación única que produce exactamente los mismos efectos que la legalización de documentos públicos, aunque simplificando el procedimiento a un solo acto. Es decir, suprime la cadena de trámites que permite la legalización de un documento cuyo origen o destino sea un país en que se aplique el Convenio de la Apostilla (Ley 20.711), el cual fue incorporado en nuestro país por medio del Decreto Supremo N° 81 del 28 de noviembre del 2015.

 Al respecto, es menester señalar que la apostilla constituye un sistema completamente beneficioso para la validación de instrumentos públicos otorgados en el extranjero, ya que permite al solicitante de una inscripción o un poder otorgado en país ajeno, el poder compatibilizar su validez ante una autoridad nacional, sin que sea necesario pasar por el tedioso y costoso sistema de legalización de este tipo de instrumentos que establece el art. 345 de nuestro Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, ha ocurrido que últimamente el Conservador de Bienes Raíces de Santiago se ha visto reacio a aceptar este medio de documentos legalizados mediante apostillas, debido a que, según su opinión, ello podría plantear la posibilidad de que no hayan sido suscritos por quienes aparecen compareciendo en ellos y/o que los actos o contratos no se hayan celebrado con las formalidades y solemnidades contempladas en el ordenamiento legal que los rigen. De esta forma, se ha solamente ha comenzado a exigir como únicamente válido y seguro el sistema de legalización mediante el otorgamiento de escrituras públicas de poderes ante el respectivo Cónsul de Chile en el extranjero.

La circunstancia anterior, figura en un informe emitido por el Sr. Conservador antedicho en la causa V-102-2018 del 2° Juzgado de Civil de Santiago, actualmente en tramitación.

Ahora, no cabe duda que, lo anterior, deja en clara evidencia la contravención en la que está incurriendo el Sr. Conservador al hacer esto, puesto que, por una opinión, si bien fundada, aunque no bien justificada, pretende ir contra una norma de rango internacional y legal que tiene plena vigencia y aplicabilidad en nuestro país. Opinión la cual incluso desafía la postura de la misma Contraloría General de la República, la cual establece en su resolución Nº 91.869 del 19 de noviembre de 2015 que:

“Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, mediante el cual se aprueba el reglamento de la ley Nº 20.711, que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, por cuanto se ajusta a derecho.”.

 Ello, sin considerar además la enorme multiplicidad de disposiciones legales que se expresan en el mismo sentido, como es el caso del art. 2 del Decreto Supremo 81 ya citado, el cual establece que:

“Para los efectos del presente Reglamento, la apostilla es un certificado, que emitido de conformidad con lo que se indica en lo sucesivo, produce respecto del documento público para el cual se otorga, los mismos efectos que el proceso de legalización.”.

 De esta forma, si bien podemos concluir que el Sr. Conservador puede tener algún motivo para inclinarse por no aceptar aquellos poderes otorgados en el extranjero para compraventas o enajenaciones de inmuebles en Chile, ello no encuentra asidero legal para su aplicación práctica, ya que además de contravenir norma legal expresa, implica extralimitarse en sus facultades funcionariales, envista de que la ley lo llama solamente a proceder a los actos registrales aceptando la documentación válida en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente.

Ahora, cabe aclarar que tal como se dijo previamente, este tema es nuevo y aún se está debatiendo ante los tribunales de justicia, los que creemos deberán resolver haciendo primar el cumplimiento de la ley.