Reglamento del convenio de asistencia mutua administrativa en materia tributaria

Otra señal de los cambios normativos que las distintas industrias deberán enfrentar van por el lado de mayor control e intercambio de información por parte de fiscalizadores.

El año 2013 Chile suscribió el Convenio de Asistencia Administrativa en Materia Tributaria, documento que regula mejores facultades y condiciones de cooperación entre autoridades tributarias de los distintos países suscriptores del mismo con el objeto de evitar formas de evasión o elusión por parte de los sujetos gravados.

Avanzando en este línea, Chile ha dado inicio al proceso de redacción del Reglamento de implementación del referido Convenio y con el objeto de dar publicidad a este hecho, el M. De Hacienda ha convocado a una reunión a miembros de la industria financiera (bancos, AFP, Fondos Mutuos, Acafi) con el objeto de revisar y discutir las reglas que en este contexto aplicarán a dichas entidades. El Reglamento se espera que esté listo en el mes de noviembre próximo.

El Convenio del 2013 contempla el intercambio de información tributaria –automática y a solicitud- entre Chile y cerca de 98 jurisdicciones.

Desde enero de 2017, los países suscriptores comenzarán a intercambiar datos de cuentas financieras de extranjeros no residentes, los que serán transferidos al país solicitante desde septiembre de 2018. Esto se realizará mediante el Estándar Común de Reporte (CRS, en inglés) que deberán implementar las entidades financieras para obtener el consentimiento de sus clientes para llevar a cabo el intercambio.

Secreto Bancario

Entre los cambios esperados, el que más atención y polémica genera es el futuro tratamiento del secreto bancario. En el artículo 21 Nº 4 del Convenio citado, se establece que ninguna jurisdicción podrá negarse a entregar la información requerida amparada en que se encuentra en posesión de un banco, si bien establece que la regulación del procedimiento específico de entrega de información queda sujeta a normativa local.

En Chile sólo se puede acceder a la información bancaria previa autorización judicial, pero es altamente posible que esto sea modificado más temprano que tarde mediante legislación local.

Cambios que ya están en proceso de implementación y respecto de los cuales los afectados deberán actuar preparándose para los efectos del caso.