Regulación y lavado de activos en el mercado financiero chileno

El desarrollo e innovación de los servicios relacionados al mercado financiero en Chile desde los años ’90 ha requerido adecuar las normativas locales a los estándares internacionales, particularmente en materia de Anti-Money Laundering (“AML”). Sin embargo, la promulgación de regulación local en esta materia aún no ha logrado posicionar a Chile como uno de los países pioneros en Latinoamérica o en rankings de transparencia o anticorrupción.

La participación de los Directorios, y la necesidad de una práctica constante de monitoreo al interior de las estructuras internas de las empresas, sumado a los casos de corrupción nacionales en los últimos años dejan ver las debilidades de un sistema de fiscalización aparente y nominal que efectivo.

Adaptación de la regulación internacional en Chile.

Ya en el año 2003, con la Ley Nº 19.913, se creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que modificó diversas disposiciones en materia de lavado de dinero y blanqueo de activos.  La UAF surgió ante la necesidad de contar con una institución especializada para prevenir y controlar el lavado o blanqueo de activos, y con el objeto de impedir la utilización del mercado financiero y otros sectores económicos para legitimar ganancias ilícitas.

La normativa antes citada ha sufrido variadas modificaciones (Leyes Nºs20.119 y 20.818) que han permitido (i) ampliar el universo de entidades que se encuentran obligadas a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas de lavado de activos, y (ii) establecer sanciones administrativas. Todo esto con el objeto de perfeccionar los mecanismos de prevención, detección, control y enjuiciamiento del delito de lavado de activos. De esta manera, hoy por hoy se ha logrado ampliar el catálogo de delitos base de lavado de activos, y se ha incorporado también a todo el sector público, como sujeto obligado a informar de operaciones sospechosas. Finalmente, con la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de diciembre de 2009, se reforzó la aplicación de normas de carácter penal y administrativo sancionatorio respecto de conductas relacionadas a los delitos de lavado de activos, financiación al terrorismo,  delitos de cohecho y receptación de activos.

Hasta el momento pareciera que la regulación en materia de lavado de activos en nuestro país se encuentra cubierta en comparación con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la debilidad del sistema ha quedado en evidencia a través de casos de corrupción ocurridos en los últimos años, tales como: Caso Penta, Soquimich, Caval y La Polar, entre otros. La práctica demuestra que los casos de corrupción que ocurren en nuestro país no son especialmente vinculados al narcotráfico, si no que comprende otro tipo de ilícitos de corrupción como la malversación de caudales públicos, el uso de información privilegiada, lavado de activos provenientes de otras actividades ilícitas, cohecho, receptación. Adicionalmente, la sanción formal de este tipo de hechos no han sido suficientes para robustecer la lucha contra los delitos de lavado de activos en todas sus manifestaciones.

Lo cierto es que la normativa vigente no alcanza a cumplir con las prácticas internacionales como bien lo refleja las observaciones y recomendaciones de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica) del año 2010, entidad que menciona que en Chile no existe una base confiable que permita hacer gestión y atravesar las cadenas societarias a los reguladores o los sujetos que se encuentran obligados a reportar, y así hacer más efectivos los controles para evitar que las estructuras societarias actúen como medio para la comisión de delitos.

 

El compromiso de los Directorios

El rol de los Directorios corporativos e Instituciones Financieras en esta materia juega un papel crucial al momento de adaptar e implementar políticas, normas y estándares internacionales sancionatorios, como por ejemplo lo son las certificaciones en Compliance (Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica de la Ley Nº 20.393). Depende de ellos y de la gerencia ejecutiva, implementar estrategias que permitan hacer un uso correcto de los recursos disponibles y capacitar a aquellos líderes en un plan efectivo contra el lavado de activos y otros delitos económicos que minan la integridad y sostenibilidad de las personas jurídicas. El identificar los factores de riesgo, es algo que incluso los directorios, desconocen o simplemente no toman en cuenta como un elemento importante en la práctica empresarial. ¿Por qué tanta importancia? Los problemas surgen cuando las instituciones financieras o no, en vez de utilizar la “vía regular” para hacer transacciones, optan por realizar operaciones con entidades que justamente dedican menos atención o importancia a temas anti-lavado de dinero, creando un área gris donde los riesgos de transacciones irregulares aumentan, quedando fuera de la protección legal y de la oportunidad de crear relaciones con nuevas empresas o competidores.

Es por lo anterior, que cabe reiterar una y otra vez la importancia de tomar conciencia respecto de la necesidad de (i) crear una cultura de cumplimiento normativo o anticorrupción de índole jurídico, (ii) entrenar a aquellos sujetos expuestos a riesgo, y (iii) hacer del reportar internamente cuando se está en presencia de tales riesgos un hábito sin excepciones.

Los Directorios, ejecutivos gerenciales y todo el personal de una compañía o institución pueden asumir un rol activo en la prevención de estos delitos, incluso antes de aplicar los procedimientos formales, haciendo las siguientes preguntas claves respecto del manejo de riesgos:

  • ¿Existe en la Compañía/Institución Financiera/entidad gubernamental, una cultura de Compliance que trascienda a toda la organización, o existen diversos compartimentos de políticas que inhiben la posibilidad de comprender un acercamiento más integrado de lo que es el cumplimiento normativo?
  • ¿Se han establecido por parte de la Gerencia o Administración, objetivos y sus incentivos para incorporar normas de prevención respecto del lavado de activos?
  • ¿Existe un compromiso activo e involucrado por parte de la Gerencia o Administración que imponga un tono serio respecto de la necesidad de organizarse en contra del lavado de activos?
  • ¿Existe por parte de la Gerencia o Administración una visión holística de los clientes, incluso, fuera del territorio nacional?
  • ¿Existe un reporte o sistema tecnológico de información por parte de las Instituciones Financieras que permita integrar sistemas de información geográficos?

 

Por todo lo anterior, es de significativa importancia que las instituciones financieras tanto en Chile como en el extranjero noten las diferencias que existen entre sus propios sistemas. Cada día estas instituciones se vuelven más complejas e interconectadas, donde diversas jurisdicciones internacionales ya han comenzado a jugar un importante rol.

El desafío pendiente en Chile, y en otros países de Latinoamérica, es hacer cada vez más exigibles la responsabilidad de reporte y la custodia de antecedentes de y hacia las Instituciones Financieras, como las administradoras de mutuos hipotecarios, agentes de aduana, emisores y operadores de crédito de dinero, compañías de leasing, notarías, organizaciones deportivas, entre otros. La capacidad de adquirir nuevas políticas de Compliance o de realizar prácticas con mayor transparencia en esta materia puede incluso permitir que los competidores financieros emerjan con mayor facilidad que otros, y se encuentren en mejor posición en el mercado, incluso a nivel internacional.