Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) próxima a ser reemplazada por la Nueva Comisión para el Mercado Financiero

Bajo La ley N°21.000, publicada el 23 de febrero de 2017, una nueva institucionalidad es creada para la regulación y supervisión del mercado financiero, reemplazando a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La ley entrará en vigor en agosto de 2018 o antes en el caso que la Comisión entre en operaciones antes de dicha fecha

Las principales características de esta nueva Ley son las siguientes:

  • La Comisión garantizará el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de los mercados y promoviendo debidamente las normas legales. Asimismo, velará por que todas las entidades supervisadas cumplan con las leyes, reglamentos y demás disposiciones que las regulan.
  • La Comisión será un cuerpo colegiado de cinco miembros altamente calificados (el “Consejo”), con reconocida experiencia profesional y académica relacionada con el sector financiero. El Presidente del Consejo será nombrado por el Presidente de la República y desempeñará sus funciones durante el mismo periodo que el mandato presidencial. El resto de los miembros del Consejo serán nombrados por el Presidente de la República después de la ratificación por 4/7 del Senado. Los miembros del Consejo tendrán una duración de 6 años.
  • Todos los miembros del Consejo tendrán que respetar las estrictas normas relativas a la prevención de conflictos de intereses mientras estén en servicio y después de abandonar el Consejo.
  • Actualmente el Superintendente de la SVS investiga y sanciona. La nueva Ley establece una separación de funciones, es decir, un Fiscal designado por el Consejo investigará y la Comisión sancionará.
  • Además de la capacidad existente de la SVS (por ejemplo, investigación de reclamaciones, auditoría de operaciones, activos y actividades de entidades bajo su supervisión, etc.), la nueva Ley confiere nuevas atribuciones importantes a la Comisión, tales como: Requerir información sobre operaciones bancarias de personas específicas, incluso aquellas sujetas a secreto o confidencialidad; Acceder a la propiedad privada con la ayuda de agentes de la ley; Interceptar todo tipo de comunicaciones y ordenar a otros organismos públicos que proporcionen información de antecedentes incluso si esta información es confidencial o clasificada.
  • La nueva Ley establece dos procedimientos de sanción, es decir, un procedimiento general y un procedimiento simplificado. La mayoría de los casos examinados por el Consejo seguirán un procedimiento general y una norma específica definirá los casos en los que se aplicará el procedimiento simplificado.
  • La nueva Ley también establece un recurso de reposición para la reconsideración de resoluciones del Fiscal o de la Comisión, así como un recurso de ilegalidad, la cual debe ser presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Si se rechaza este, se puede interponer un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
  • En la nueva Ley se ha incluido un mecanismo de auto-denuncia. Este mecanismo es aplicable en los casos en que hay dos o más partes involucradas en el delito y una de las partes se auto-denuncia, siempre que presente pruebas suficientes para probar dicho delito. En tal escenario, puede obtener una reducción de hasta el 100% de la penalidad pecuniaria aplicable. Las restantes partes sólo podrán tener una reducción de hasta el 30% de la sanción pecuniaria aplicable proporcionando antecedentes sustanciales y adicionales a los presentados por la primera parte auto-denunciante.
  • La competencia de la Comisión no es aplicable a ninguna institución, persona o actividad expresamente sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”). Sin embargo, un nuevo proyecto de ley ha entrado recientemente en el debate parlamentario que tiene como objetivo ampliar la competencia de la Comisión a las actividades bancarias y financieras actualmente supervisadas por la SBIF. (boletín 11269-05 de la Cámara de Diputados).
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